Por Marcela Valente BUENOS AIRES, mar (Tierramérica) – Gobernantes, ecologistas y empresarios tienen algo menos de cuatro años ara establecer la gestión conjunta de 43 áreas protegidas de la costa atlántica argentina, uno de los biomas más productivos y mejor conservados del mundo. Desde Punta Rasa, en la oriental provincia de Buenos Aires, hasta el austral canal de Beagle, esas áreas suman 1,6 millones de hectáreas,

mitad de mar y mitad de tierra, en casi 5.000 kilómetros de costas sobre el océano Atlántico. Algunas son mundialmente vitales, porque protegen especies únicas, como 50 por ciento de las colonias de pingüinos de Magallanes (Spheniscus magellanicus) o el único sitio costero de reproducción del petrel gigante del sur (Macronectes giganteus). Sin embargo, son insuficientes. Menos de uno por ciento del mar está protegido, y las porciones que sí lo están se distribuyen de forma desigual entre diferentes regiones biológicas. Con el fin de superar ésta y otras debilidades, desde octubre de 2010 se ejecuta un programa para crear el Sistema Interjurisdiccional de Áreas Protegidas Costero-Marinas de Argentina. La dirección no está a cargo del gobierno, sino de una organización no gubernamental, la Fundación Patagonia Natural, con financiación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). «Las áreas protegidas están repartidas, pero la idea es ponerlas en red y desarrollar una estrategia de gestión que pueda ser ampliada a todo el espacio costero marino», explicó a Tierramérica el coordinador del proyecto, José María Musmeci. Durante cuatro años en una mesa se reunirán gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego y alcaldes de los municipios ribereños. También participarán las oficinas de Ambiente, Pesca, Turismo y Relaciones Exteriores del gobierno nacional. En la franja costera hay 25 ciudades de más de 10.000 habitantes, con terminales portuarias importantes, como Mar del Plata o Bahía Blanca, Buenos Aires, Puerto Madryn, en Chubut, y Ushuaia, en Tierra del Fuego. Se trata de fortalecer los arreglos institucionales y sociales de la gobernabilidad de las reservas naturales; mejorar las formas de financiamiento a largo plazo; y seleccionar áreas protegidas para fortalecerlas, rediseñarlas o ampliarlas. Pero también hay que convencer a las empresas del valor que tiene la biodiversidad. El escenario cautiva por el color siempre azul de sus aguas y sus costas cambiantes, con puntas rocosas y abruptas. Pingüinos, ballenas, orcas, cormoranes, lobos y elefantes marinos son especies paradigmáticas de las costas patagónicas. Mar adentro hay enormes existencias de especies comerciales, como merluzas (Merluccius hubbsi), calamares (Illex argentinus) o langostinos. Esta riqueza está amenazada por la explotación de petróleo, la pesca, el turismo y la contaminación urbana e industrial, dijo a Tierramérica el oceanógrafo Guillermo Caille, coordinador técnico del proyecto. La extracción de petróleo produce ingresos anuales de 2.000 millones de dólares y es responsable de 70 por ciento de la actividad económica basada en los recursos naturales del área de la costa. La pesca, que aporta 20 por ciento de la economía costera y que exporta unos 500 millones de dólares anuales, ve menguar los caladeros año a año por el descontrol de la captura. El turismo genera 100 millones de dólares al año y 10 por ciento de la actividad económica. Todos estos sectores viven de los recursos que se busca proteger. Solo el avistamiento de fauna convoca a un millón de visitantes por año. Los cruceros, unos «50 buques por año que llevan entre 1.000 y 5.000 pasajeros», tocan Buenos Aires, Puerto Madryn y Ushuaia, advirtió Caille. Algunas empresas de este rubro ejecutan buenas prácticas para generar conciencia en el personal y los turistas. Otra amenaza son los residuos sólidos y líquidos de las ciudades y las industrias. Para Caille, en el sector público hubo «avances significativos» en los últimos 20 años, en cambio «en el sector privado hacen falta mayores progresos», y por eso esta iniciativa busca un vigoroso intercambio con las empresas. Los derrames y la contaminación crónica de crudo son los problemas más severos de la explotación petrolífera. «Los que se benefician de los servicios de un ecosistema deben contribuir también a su conservación», advirtió Caille. La empresa de capitales argentinos y chinos Pan American Energy –segunda productora de hidrocarburos de este país y primera operadora en la costa— recogió el guante. Dos años atrás, la Fundación Patagonia Natural capacitó a expertos de la compañía, y buques de exploración llevaron a bordo a dos observadores de la entidad para que estudiaran el impacto de la actividad en los mamíferos marinos, dijo a Tierramérica la encargada de ambiente de Pan American Energy, Elena Vicente. Ahora se prepara una nueva actividad conjunta: especialistas de la Fundación van a monitorear un proyecto de explotación desde una plataforma petrolera mar adentro, para prevenir «cualquier contingencia», dijo Vicente. El empresario pesquero Gerardo Dietrich, de Alpesca, filial del grupo sudafricano Irvin & Johnson, dijo a Tierramérica que su empresa también acompañará el esfuerzo. «Estos proyectos siempre son provechosos porque permiten un conocimiento más profundo del entorno», dijo Dietrich. Además, la gestión integrada ayudará a los gobiernos a tomar medidas que «disciplinen» a todos por igual, sostuvo, de manera que el compromiso de conservación no se limite a unos pocos. * Publicado originalmente el 26 de marzo por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.