Por Fabiana Frayssinet: RÍO DE JANEIRO, 30 abr (IPS) – De 16 millones de armas de fuego que se calcula circulan en Brasil, 80 por ciento están en manos de civiles. La mayoría son ilegales pero también hay registradas, y son causantes de un récord de muertes violentas que el gobierno y la sociedad civil se proponen frenar con una nueva campaña.

La iniciativa de desarme es en parte una reacción del Ministerio de Justicia a la masacre de 12 adolescentes el 17 de este mes en una escuela en Realengo, zona oeste de Río de Janeiro. El joven Wellington Menezes de Oliveira hizo más de 60 disparos en lo que era su antiguo colegio con dos revólveres que compró en el mercado paralelo. El ministro de Justicia, José Eduardo Cardoso, expresó su preocupación por la tendencia de los brasileños a armarse. «Una población armada es una población violenta», dijo al anunciar que la nueva campaña empezará el mes próximo. Ya había sido lanzada una iniciativa similar entre 2004 y 2005, cuando se llamó a los ciudadanos a entregar sus armas de fuego sin consecuencias legales y a cambio de una compensación económica. Entonces se recolectaron y destruyeron más de medio millón de piezas. Con varias lecciones aprendidas desde entonces, según Rubén Cesar Fernández, de la organización no gubernamental Viva Río, ahora la campaña será más sencilla y menos burocrática. Nadie tendrá que identificarse a la hora de entregar su arma. Con fines de estudios, apenas serán registrados datos generales como de sexo y edad. También se simplificará el trámite para la compensación económica. El monto oscilará según el arma entregada entre los 67 y 200 dólares. «Esta campaña comenzó con un trauma, con un acontecimiento terrible, y eso ocurre con frecuencia con otras campañas que son reacciones», dijo a IPS Fernández, quien participará de ella como representante de la sociedad civil. «Hubo una movilización muy fuerte y un verdadero clamor de la sociedad para que volvamos a ocuparnos del desarme. Fue una campaña que nació sobre todo de la opinión publica», subrayó. Según el director de Viva Río, en este país hay armas legales, ilegales e informales. «Gran parte del mercado en Brasil pertenece a esa zona gris que no es criminal pero que no está registrada legalmente tampoco», afirmó. La campaña estará dirigida sobre todo a ese sector. «Realmente estamos hablando de los ciudadanos, y de la ciudadanas a quienes queremos concientizar de que el arma es peligrosa y que debe estar en manos de profesionales, bien controlada», agregó. Mientras, la organización Sou da Paz (Soy de la Paz) reveló que, de las 16 millones de armas que circularían en Brasil, apenas dos millones están en manos de los efectivos de seguridad. Del resto, en manos de civiles, sólo siete millones están registradas legalmente. Gran parte de estas terminan siendo usadas en homicidios, asaltos o acciones del narcotráfico, pero muchos brasileños también las tienen para seguridad personal. Esa fue la excusa que utilizó De Oliveira para comprar los dos revólveres a un colega de trabajo. Alexandre Fonseca, un coleccionador de armas, consideró que el caso del ataque en la escuela fue aislado y propio de un psicótico. Un caso que debería ser el punto de partida para discutir otros temas fuera del desarme, como la seguridad y la educación en Brasil. En entrevista con IPS, recordó que el Estatuto de Desarme en su país era muy severo, y sostuvo que se debería mejorar su implementación. Pero esas muertes «aisladas» son también las que preocupan a las autoridades y especialistas en violencia urbana. Según el director de Viva Río, una campaña de desarme genera una «presión social para bajar la locura de la utilización de las armas de fuego que tenemos en nuestro país». Y evita muertes, como por ejemplo las domésticas, motivadas por celos o alcoholismo, porque una campaña como ésta «disminuye la presencia de armas en los hogares». No hay evaluaciones coincidentes sobre el número de muertes evitadas en campañas anteriores, porque también intervienen otros factores como mejoras en la seguridad pública y el endurecimiento del Estatuto de Desarme, que entre otros puntos restringió la comercialización. Pero Fernández destaca que, desde los años 70, la curva de homicidios en Brasil era «una epidemia que crecía cada año», y ahora comenzó a descender. Según Viva Río, se evitaron unas 5.000 muertes en dos años. En 2010, el número de homicidios intencionales fue de 43.016. La campaña de desarme, que se organizará a través de entidades como organizaciones no gubernamentales, iglesias y grupos masones, tiene un blanco particular. Según Fernández, las mujeres son quienes generalmente entregan las armas de sus maridos, hijos, esposos, padres, novios o hermanos, lo que hace de estas «campañas sobre todo femeninas». La explicación, según el sociólogo, es que las armas son un «fetiche masculino» vinculado a factores como el poder, el estatus y la virilidad. Algo así como los valores «del vaquero estadounidense, pero que también funcionan en nuestra región». «La mujer en general tiene miedo a las armas, de que causen una tragedia en su hogar», explicó Fernández al destacar que, en esos casos, la mayoría de las víctimas son mujeres, y que estas campañas cuentan siempre con su apoyo. La iniciativa será acompañada por otros esfuerzos, como el control al comercio interno y al contrabando de arsenales. Cálculos del Programa de Control de Armas de Viva Río indican que apenas 10 por ciento de las armas ilegales incautadas en Brasil son de fabricación extranjera. Mientras, fracasó una propuesta del presidente del Senado, el ex mandatario brasileño José Sarney (1985-1990), para volver a convocar un plebiscito sobre una prohibición al comercio de armas. Seis años atrás, en una convocatoria similar, 60 por ciento de los votantes se expresaron en contra de la idea.