Por una unanimidad y sin debate, la Cámara baja aprobó el proyecto de ley que establece una nueva regulación para los empleados de casas particulares. Ahora es el turno del Senado. El proyecto presentado hace un año por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, para reglamentar el trabajo de los empleados de casas particulares hizo pie finalmente en la Cámara baja.  En la primera sesión del año, todos los diputados nacionales se pusieron de acuerdo y votaron a favor de un proyecto de ley que regula la actividad del servicio doméstico.

Al respecto, en el recinto el diputado oficialista Héctor Recalde, titular de la Comisión de Legislación de Trabajo, sostuvoque «la ley nos permite salir de un sistema semi feudal implementando por la dictadura –Revolución Libertadora 1956- y entrar en un sistema de igualdad e inclusión social”. El régimen que involucra a las comúnmente llamadas «empleadas domésticas», término que cuestionó la propia Presidenta al anunciar la iniciativa, prevé equiparar los derechos de estos trabajadores con los del resto del mercado laboral. La iniciativa viene a reemplazar el estatuto previsto en el decreto ley vigente desde 1956, y fue consensuada por los legisladores que acordaron ampliar las clasificaciones de los trabajadores contemplados en la norma, buscando mejorar la redacción de la iniciativa original. EL DEBATE EN COMISIÓN: Según establece la norma, el Ministerio de Trabajo de la Nación será la autoridad de aplicación de la norma, algo que fue cuestionado por legisladores de la Coalición Cívica, pero Héctor Recalde defendió la postura oficial señalando que «no puede ser otro que el ministerio» el que se encargue de reglamentar la norma. Amén de ciertas diferencias, se trata de un proyecto que no despertó enconos entre oficialistas y opositores. Por el contrario, la titular de la Comisión de Familia, la peronista federal Claudia Rucci, se manifestó «muy contenta» por la «armonía» con la que se trabajó durante los últimos cuatro meses para llegar a una conclusión final del trabajo. “Garantizar los derechos laborales de los empleados y las empleadas domésticas es también practicar la Justicia Social”, aseguró Rucci, para quien “fue muy positivo el clima de armonía con el que se trabajó durante cuatro meses, sobre todo porque propusimos tantos cambios a los proyectos originales que sólo se podrían haber aceptado desde el trabajo conjunto”. Para la legisladora “era inmoral que en este tema todavía tuviera vigencia el decreto de 1956 de la Revolución Libertadora”. En tanto, Recalde dijo que “será el Ministerio de Trabajo quien reglamente la norma, como corresponde”. El dictamen resume una serie de proyectos sobre el tema presentados por los diputados Elisa Carca, Fernanda Gil Lozano, Dante Gullo, Fernando Solanas, Silvia Majdalani y Alicia Comelli, a los que se les sumó últimamente uno del Poder Ejecutivo. El proyecto incluye al personal de limpieza y de mantenimiento, como a los acompañantes o cuidadores no terapéuticos de personas enfermas o con discapacidad. Se fijaron modalidades con retiro y sin retiro, y una cantidad mínima de 12 horas de descanso diarias. Además, se determinó que los empleadores tendrán 120 días para regularizar la situación de sus contratados a partir de la reglamentación de la ley. Para la iniciativa fue solicitada una cuestión de preferencia, por lo que tendrá pronto tratamiento en el recinto. El proyecto presentado hace un año por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, para reglamentar el trabajo de los empleados de casas particulares hizo pie finalmente en la Cámara baja. En la primera sesión del año, todos los diputados nacionales se pusieron de acuerdo y votaron a favor de un proyecto de ley que regula la actividad del servicio doméstico. Al respecto, en el recinto el diputado oficialista Héctor Recalde, titular de la Comisión de Legislación de Trabajo, sostuvo que «la ley nos permite salir de un sistema semi feudal implementando por la dictadura –Revolución Libertadora 1956- y entrar en un sistema de igualdad e inclusión social”. El régimen que involucra a las comúnmente llamadas «empleadas domésticas», término que cuestionó la propia Presidenta al anunciar la iniciativa, prevé equiparar los derechos de estos trabajadores con los del resto del mercado laboral. La iniciativa viene a reemplazar el estatuto previsto en el decreto ley vigente desde 1956, y fue consensuada por los legisladores que acordaron ampliar las clasificaciones de los trabajadores contemplados en la norma, buscando mejorar la redacción de la iniciativa original. EL DEBATE EN COMISIÓN: Según establece la norma, el Ministerio de Trabajo de la Nación será la autoridad de aplicación de la norma, algo que fue cuestionado por legisladores de la Coalición Cívica, pero Héctor Recalde defendió la postura oficial señalando que «no puede ser otro que el ministerio» el que se encargue de reglamentar la norma. Amén de ciertas diferencias, se trata de un proyecto que no despertó enconos entre oficialistas y opositores. Por el contrario, la titular de la Comisión de Familia, la peronista federal Claudia Rucci, se manifestó «muy contenta» por la «armonía» con la que se trabajó durante los últimos cuatro meses para llegar a una conclusión final del trabajo. “Garantizar los derechos laborales de los empleados y las empleadas domésticas es también practicar la Justicia Social”, aseguró Rucci, para quien “fue muy positivo el clima de armonía con el que se trabajó durante cuatro meses, sobre todo porque propusimos tantos cambios a los proyectos originales que sólo se podrían haber aceptado desde el trabajo conjunto”. Para la legisladora “era inmoral que en este tema todavía tuviera vigencia el decreto de 1956 de la Revolución Libertadora”. En tanto, Recalde dijo que “será el Ministerio de Trabajo quien reglamente la norma, como corresponde”. El dictamen resume una serie de proyectos sobre el tema presentados por los diputados Elisa Carca, Fernanda Gil Lozano, Dante Gullo, Fernando Solanas, Silvia Majdalani y Alicia Comelli, a los que se les sumó últimamente uno del Poder Ejecutivo. proyecto incluye al personal de limpieza y de mantenimiento, como a los acompañantes o cuidadores no terapéuticos de personas enfermas o con discapacidad. Se fijaron modalidades con retiro y sin retiro, y una cantidad mínima de 12 horas de descanso diarias. Además, se determinó que los empleadores tendrán 120 días para regularizar la situación de sus contratados a partir de la reglamentación de la ley. Para la iniciativa fue solicitada una cuestión de preferencia, por lo que tendrá pronto tratamiento en el recinto.