El doctor Lisandro Iván Ricardo Lois fue quien firmó los certificados de defunción por “muerte violenta”. El facultativo sirvió a la Armada durante varios años: “Cuando llegué al lugar ví los cuerpos apilados alrededor de un enorme charco de sangre”, dijo en su declaración en el Juzgado Federal. La declaración de Lois se suspendió por consejo de su abogado: comenzaba a comprometerlo.
Los testigos que desfilaron durante la minuciosa instrucción del juez Hugo Sastre y el fiscal Fernando Gélvez no habían perdido la memoria. Pero tampoco el miedo. “¿Quién va a leer esto que decimos”, preguntaban.
Cuatro ex conscriptos que prestaban servicios en la base el día de los hechos no podían creer como estando a pocos metros de los calabozos no escucharon nada. Creen que les pusieron un somnífero en la cena. Y aportaron otro dato: el día previo en la Base Zar había dos mil efectivos, cuando comúnmente no pasaban los 300. «Intentar escapar era como suicidarse», dijeron.
Con estos y otros datos, la Justicia Federal no tuvo dudas que los 19 integrantes de organizaciones armadas que fueron llevados a los calabozos de la Base Almirante Zar fueron fusilados la madrugada del 22 de agosto de 1972. Hoy se cumplen 38 años. El hecho se conoce como “La masacre de Trelew”. De los 19, sólo sobrevivieron tres quienes después contaron como sucedieron los hechos. Pero no vivieron mucho tiempo más: fueron secuestrados por la dictadura que comenzó el 24 de marzo de 1976. Dos fueron asesinados y uno permanece desaparecido.
Los 19, pertenecientes a organizaciones armadas como el ERP, Montoneros y las FAR habían fugado una semana antes de la cárcel de Rawson. Pero no alcanzaron un avión y fueron detenidos en el aeropuerto de Trelew. De allí fueron conducidos a la Base Zar donde quedaron ilegalmente detenidos.
La causa tiene 6 procesados, un juicio oral sin fecha y un prófugo con pedido de extradición pero protegido por el gobierno de Estados Unidos. Su situación se define el 31 de agosto.
La investigación se reabrió en 2006 por pedido de familiares de las víctimas. El juez Sastre logró que los fusilamientos sean considerados un delito de lesa humanidad. Por eso, no prescribieron. Y pudo seguir adelante con la causa que hoy tiene procesados a los ex marino Luis Sosa, Carlos Alberto Marandino, Jorge Emilio Del Real, Roberto Horacio Paccagnini y Horacio Mayorga . A todos ellos se les imputan los delitos de homicidio doblemente agravado por alevosía y por ser ejecutado con el concurso premeditado de dos o más personas (16 hechos), y homicidio doblemente agravado en grado de tentativa (3 hechos).
También están acusados de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por incomunicación indebida de persona y de recibir irregularmente a personas detenidas. Completa la lista Jorge Enrique Bautista ex oficial de la marina, encargado de hacer el sumario del hecho donde omitió escribir que hubo muertos.
Todos fueron procesados con prisión preventiva y salvo el caso de Marandino, enviados a la cárcel de Marcos Juárez donde también cumplen condenas otros represores. Pero por razones de edad o enfermedad, la mayoría tiene hoy arresto domiciliario o quedó en libertad pagando una fianza. Al igual que Marandino,que en principio quedó detenido en la Alcaidía de Trelew.
La causa tiene un único prófugo: el teniente Roberto Bravo. Actualmente se encuentra en Estados Unidos, país para el cual prestó servicio y donde se nacionalizó. Además tiene tres hijos que prestaron servicios al ejército. Sastre pidió la extradición que, aparentemente, se define el próximo 31 de agosto. Bravo parece ser protegido por el gobierno de ese país al que le vende insumos médicos con facturaciones varias veces millonarias. Sobre la situación de Bravo hay un dato que no puede soslayarse: por el pedido de Sastre fue detenido en Miami, donde reside. Pero pagó una fianza de un millón de pesos y quedó en libertad a la espera que se resuelva su situación. Bravo fue acusado por varios testigos de ser quien dio el “tiro de gracia” a varios de los fusilados que estaban gravemente heridos.

Finalizada la instrucción y determinados los procesamientos, el juez Sastre elevó la causa al Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia el que deberá decidir el inicio del juicio oral y público que ya tiene escenario: el Teatro Verdi de la ciudad de Trelew. En principio se había especulado en que las audiencias comenzarían en junio pasado. Pero no ocurrió. El tribunal de Comodoro demora la decisión. Aunque aún existen algunas presentaciones de abogados defensores por resolver, esto no impediría el inicio de las audiencias.
La causa se reabrió en 2006. Son querellantes Eduardo Luis Duhalde, secretario de Derechos Humanos de la Nación y Alicia de Bonet y sus hijos Hernán y Mariana, Hilda de Toschi, Soledad de Capello, Liliana Lesgart, Adriana Capeletti e Hilda Rabier, todos familiares directos de los muertos.
No fue fácil para Sastre y Gélvez llevar adelante la investigación de un hecho ocurrido 30 años atrás. De todas maneras se las ingeniaron para ir reuniendo pruebas y lograr que testigos de la masacre se animaran a declarar. Fue una investigación con muchas sorpresas. Pero quizá la más grande se la llevó el propio juez federal. Cuando el Juzgado de Rawson comenzó las investigaciones le pidió a la Armada documentación de los hechos del 22 de agosto del 72: “No tenemos ningún registro, ningún papel”, le respondieron. Toda una señal de lo que había ocurrido en los calabozos de la base. Donde unos dispararon. Y donde otros, no pudieron defenderse.

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