Por Lic. Humberto J. Lovecchio. En el año 1987 la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió establecer el 26 de junio de cada año como el “Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas”, con el objetivo de motivar e impulsar que los Estados miembros fortalezcan sus políticas públicas y desarrollen actividades para procurar alcanzar una sociedad internacional libre del abuso de drogas. Frente a esto se me planteó un interrogante: ¿Cómo conmemoraremos este nuevo aniversario en la Argentina de hoy? Revisando algunos conceptos y consideraciones que he ido elaborando y leyendo algunos datos de la realidad, surgieron estas reflexiones que deseo compartir.
Hoy leemos y escuchamos debates públicos sobre propuestas para establecer un marco jurídico para despenalizar la tenencia de drogas para consumo personal. Establecer la discusión centrada en despenalizar sí o no, resultaría una discusión limitada , reduccionista, que anula desde su inicio la integralidad del problema, y hasta parecería ubicarlo en la competencia de dos bandos, progresistas y retrógrados, según los que apuestan a un “si” o a un “no”. Mucho menos podríamos pensar que una medida de carácter jurídico por sí sola resolvería un problema que tiene varias aristas, complejas y sensibles. Está claro que las propuestas que promueven la despenalización están orientadas a no criminalizar al consumidor; sobre esto no hay discusión y estamos de acuerdo. Pero convengamos que es algo muy diferente a lo que se presenta como una suerte de facilitación del consumo, lo cual nos lleva a pensar que si por un lado se reconoce que el “uso indebido” de drogas es dañino, por otro no podemos darle ventajas al mal que éstas provocan.
Lo primero que debería considerarse es que la drogadicción no es un problema que pasa tan solo por las sustancias (su presencia es necesaria pero no suficiente), sino que atraviesa a los individuos, grupos sociales y familias, en sus contextos culturales, sus valores y oportunidades, encontrando su consumo una especial resonancia en los ámbitos donde cobra mayor fuerza el malestar por un presente precario y un futuro sin horizonte.
En un artículo publicado en la Revista “Hablemos” N° 33 de noviembre de 2010 (editada con el apoyo y bajo convenio con la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, dependiente de la Presidencia de la Nación –SEDRONAR-) el Dr. José R. Granero, entonces Secretario de Estado de dicho organismo, expresaba lo siguiente: “La prestigiosa Nora Volkow, Directora Nacional del National Institute on Drug Abuse (NIDA) afirma que no hay duda que la marihuana es adictiva; lo más importante en este momento es comprender la vulnerabilidad de los cerebros jóvenes en desarrollo a las altas concentraciones de THC. Un estudio realizado por científicos del Hospital Mc Lean, ligado a la Universidad de Hardvard, recientemente determinó que los jóvenes que están expuestos a la marihuana de manera precoz, sufren cambios lo suficientemente serios como para afectar las capacidades mentales. Esta investigación se basó en los escáneres cerebrales de treinta y tres jóvenes fumadores de marihuana, y cuyos resultados se compararon con los de otros 26 adolescentes no fumadores. Los consumidores crónicos de marihuana mostraron cambios significativos en los procesos cerebrales responsables de las habilidades y comportamientos que implican el pensamiento abstracto, la toma de decisiones, la flexibilidad cognitiva y la corrección de errores”.
En la 5ta. Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza de Nivel Medio 2011, (SEDRONAR – Observatorio Argentino de Drogas), puede observarse que la prevalencia de vida (consumo de alguna vez en la vida) de marihuana en la República Argentina tuvo un claro aumento, pasando de 4,6% en el 2001 a un 14% en el 2011 (se triplicó). La realidad en nuestra Provincia de Chubut es que para el año 2011 dicha cifra fue del 26,2%, destacándose un significativo incremento en el tramo de edad entre los 15 – 16 años y los 17 o más (28,5% y 39%). Estas cifras, entre otras cosas, nos ponen frente al interrogante de qué ocurrió, qué cosas han operado de estímulo en este incremento, y cuán tolerantes somos como sociedad (entendiendo la tolerancia como una naturalización del consumo que progresivamente va legitimando el mismo como práctica “normatizada” de la convivencia social). En tal sentido podemos analizar dos condiciones: una, la permisividad, como la actitud de la sociedad adulta (padres, educadores, etc.) en cuanto protectores, reguladores, orientadores de las conductas de adolescentes y jóvenes (quien me agrede y quien me cuida, para muchos chicos parece no ser una cosa muy clara). La otra, la accesibilidad, referida a la facilitación que los más jóvenes tienen y perciben para consumir una sustancia; abarcando esto a la responsabilidad tanto de padres, comerciantes, Estado, sociedad en su conjunto. Parecería pues que se ha ido diluyendo el rol protector del adulto y su capacidad para establecer y sostener límites que eduquen y orienten. La ausencia de límites está muy próxima a una situación de desamparo.
Entonces, estamos frente a un tema complejo, que se alimenta en gran medida del poder de intereses económicos, que no podrá ser enfrentado desde un solo punto de vista, y por lo tanto nos desafía como sociedad organizada a que las medidas que se tomen abarquen su integralidad. De lo contrario nos impedirá intervenir pertinentemente, ver y analizar críticamente el problema, los factores y circunstancias que estimulan, promueven y sostienen –de manera implícita y explícita- el consumo de sustancias tanto legales como ilegales. No nos permitirá advertir que el problema de la drogadicción no empieza con el consumo, sino mucho antes: se alimenta en el contexto social donde el aislamiento, el vacío de proyectos, la escasez de modelos, conforman el caldo de cultivo. Que el paso del consumo ocasional o experimental (que puede ser propio en la adolescencia) al consumo problemático o abuso, muchas veces está condicionado por un “alejamiento” de la vida familiar y/o del contexto escolar… Al decir del Equipo de Sacerdotes para las Villas de Emergencia de la Arquidiócesis de Buenos Aires, en un documento que publicaran en marzo del año 2009: “Sin un buen sistema de salud, sin políticas fuertes de prevención, sin un sistema educativo realmente inclusivo y eficiente, el único encuentro del adicto y su familia que pide ayuda, con el Estado es la Justicia. Despenalizar en estas condiciones es dejar abandonado al adicto, no hacerse cargo del derecho a la salud. La dinámica misma de la adicción lleva muchas veces a hacer cualquier cosa para satisfacer el deseo de consumo. El próximo encuentro entre el Estado y el adicto ya no será en la enfermedad, sino en el delito que a veces nace de ella”. (O en el frío mármol de la mesa de una morgue).
Todos sabemos que la educación y la prevención son herramientas clave para aspirar a una sociedad libre de drogas. Y si de requerimientos de herramientas legales se trata para alcanzar este objetivo, en nuestro país disponemos de la Ley N° 26.586, la cual establece el “Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones y el consumo indebido de drogas”, que fue sancionada por el Congreso Nacional el 2 de diciembre de 2009, y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional (Decreto 2134/09) del 28 de diciembre del mismo año. El útil recordar que dicha ley fue promovida en el año 2008 por el Foro “De habitantes a ciudadanos”, y que constituyó un proceso inédito, ya que reunió a gran parte de la sociedad civil argentina, con el objeto de elaborar un programa para resolver la problemática de las drogas y promover una ley que le dé el marco necesario para su aplicación. Entre las organizaciones que participaron de dicho Foro estuvieron presentes los sectores empresario, financiero, rural, gremial, académico, ONG’s, y diferentes credos.
Resulta hoy sumamente preocupante observar que no se ha avanzado en la implementación de este excelente recurso aplicable a todo el territorio nacional. He aquí un desafío y una cuenta pendiente de quienes tienen responsabilidades institucionales en brindar respuestas concretas en el marco de políticas públicas.
La “despenalización” en este contexto más bien pareciera próximo a una rendición honorable, reconocerse irremediablemente doblegados en esta lucha, incapaces de generar estrategias integrales de un mayor compromiso en el tiempo. Por Lic. Humberto J. Lovecchio, Comodoro Rivadavia, Junio 18 de 2012.