Los legisladores nacionales chubutenses Marcelo Guinle y Juan Mario Pais pidieron la intervención del Ministro de Agricultura Julián Domínguez a fin de establecer la posible inconstitucionalidad del arancel que la fundación FUNBAPA cobra a todos los particulares que atraviesan la llamada Barrera Zoofitosanitaria Patagónica.

 Para los legisladores por Chubut, es importante mantener la barrera y defender la producción, calidad y seguridad agroalimentaria de la Región Patagónica, pero al mismo tiempo sostienen que el arancel que cobra FUNBAPA en los controles de rutas al ingreso a la Patagonia “es cuanto menos de dudosa constitucionalidad, pues en verdad constituye una tasa que como tal debería estar impuesta por ley del Congreso de la Nación”. “Atento la naturaleza del arancel que percibe FUNBAPA, que tiene un origen exclusivo en la voluntad unilateral y coactiva del Estado, que obliga al ciudadano que transita las rutas hacia la Patagonia al pago del “arancel”, con independencia de su voluntad de recibir el servicio sin posibilidad de negarse a él, a nuestro criterio estamos en presencia de una tasa, que por su naturaleza tributaria debería tener un marco normativo diferente del actual”, aseguran en su presentación ante el Gobierno Nacional los legisladores Chubutenses. “Si se tiene en cuenta que el control obligatorio, con el consecuente pago del arancel, sólo es prestado por FUNBAPA monopólicamente, en ejercicio de una verdadera delegación dispuesta por el Estado, determina que en verdad estamos en una situación equivalente a la de un servicio prestado directamente por el Ministerio o SENASA”, agregan.

 

Impuesto encubierto: Uno de los puntos centrales que cuestionan los legisladores chubutenses es la falta de una “razonable equivalencia” entre los recaudado y el servicio prestados, ya que los fondos no se destinan sólo al propio control, sino también a financiar distintos programas, que si bien son de verdadera utilidad, “su financiación debería ser buscada a través del Presupuesto y no a través de un tributo encubierto y determinado a través de una simple Resolución Ministerial”,  sostienen. “En definitiva, con esta presentación estamos requiriendo el dictamen del servicio jurídico del Ministerio de Agricultura y del Procurador del Tesoro de la Nación a los fines que se analice la constitucionalidad del arancel, por lo que solicitamos que hasta tanto no se obtenga certeza sobre el particular o se dicte la pertinente Ley del Congreso de la Nación, no se aumenten ni se establezcan nuevos aranceles de pago obligatorio y compulsivo para todos los ciudadanos”, señalan en presentación.