GUINLE QUIERE QUE SE AVANCE CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y LA TRATA DE PERSONAS

El senador Marcelo Guinle reclamó al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del Consejo Nacional de las Mujeres y el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, arbitre las medidas necesarias para promover la erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que estimulen o fomenten la explotación sexual de personas; y en especial, los avisos clasificados que pueden derivar en una posible captación de víctimas de trata de personas. Para Guinle, “es incuestionable la problemática actual sobre la existencia del delito de Trata de Personas y su vinculación con las ofertas engañosas y dudosas que aparecen en algunos medios de prensa gráficos, sobre todo en provincias pobres y zonas limítrofes”. El debate no sólo se está llevando a cabo en el país en estos días -dos matutinos y un semanario decidieron recientemente no publicar más este tipo de anuncios: La Arena de La Pampa, La Mañana de Neuquén y El Tiempo de Pergamino- , sino también se ve replicado en el ámbito internacional, como por ejemplo en España.

Legislación Lo cierto es que existe reciente legislación en nuestro país sobre la Trata de Personas (Ley N° 26.364) y Violencia de Género (Ley 26.485). Esta última, destaca como una de las modalidades de violencia en el art. 6 inciso f), la violencia mediática sobre las mujeres, entendida como: aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia. A su vez, el Decreto Reglamentario de esta ley, N° 1011/2010, establece como una de las obligaciones del Consejo Nacional de las Mujeres, el “coordinar en las áreas del ámbito nacional y de las jurisdicciones locales que correspondan, las acciones necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la difusión de mensajes o imágenes que, entre otros aspectos, “estimulen o fomenten la explotación sexual de las mujeres”. “Entendemos, en este sentido, que al menos tangencialmente, en la actualidad de nuestra reciente legislación sobre Trata de Personas y Violencia de Género, existe una clara restricción de publicar en medios de comunicación masivos, avisos ofreciendo servicios sexuales por entender que ellos promueven o facilitan la corrupción o la prostitución de mujeres, o incurren en la figura de violencia mediática”, señaló el legislador. “En el convencimiento de que debe avanzarse en la defensa de los derechos humanos, entiendo que debe solicitarse a los organismos competentes en las leyes ya existentes para que definitivamente erradiquen anuncios que encubren ofertas de trabajo engañosas para reclutar víctimas de un delito penal”, remarcó Guinle.

Fallo Con respecto a la posible censura previa de estos avisos de comercio sexual que se publican en diarios y revistas, ya la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil sala L en un recurso de amparo presentado contra los diarios Clarín, Crónica, La Razón, Ambito Financiero, Diario Popular y La Nación (noviembre del año 2.003), se pronunció a favor de limitar su contenido con un argumento contundente: “No se puede sostener válidamente que dicho comercio tenga estricta relación con la libertad de prensa y constituya esta decisión una censura previa toda vez que no se trata de impedir la publicación de ideas, opiniones, noticias u otras relacionadas con manifestaciones que tutela la Constitución”. “Es claro que bajo el pretexto de defender libertades privadas, no puede el Estado apañar bajo ningún punto de vista un delito, como lo es la Trata de Personas y especialmente aquella con fines de explotación sexual”, concluyó Guinle.